“¿Despido más barato? Ahora sí que sí."

 ESTA ES LA PURA REALIDAD DE LAS CONSECUENCIAS QUE TRAEN CONSIGO LAS MARAVILLOSAS RECETAS QUE LOS DELINCUENTES FINANCIEROS IMPONEN A LOS GOBIERNOS DE TODO PELAJE:

 

“¿Despido más barato? Ahora sí que sí. Reducción de salarios. Por fin será una posibilidad real. Se acabó el abstentismo por falta de asistencia. Ha llegado la auténtica flexibilidad interna en la empresa. Despidos objetivos por causas económicas, más fáciles de justificar. Despidos colectivos para los que les basta la decisión del empresario. Se acabaron los salarios de tramitación. Adiós “despido express”…hola “nuevo despido express”.

 

Estas son algunos puntos que descaradamente publica ASESORIZA SEMINARIOS en un boletín dirigido a empresarios y que celebrará un seminario el próximo 8 de marzo entre las 9:00 y las 18:00h en el Hotel Meliá Castilla (c/Capitan Haya, 43) de Madrid.

 

El precio del seminario es de casi 700 euros, y tiene como ponentes a Antonio V. Sempere Navarro (Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos) y a Rodrigo Martín Jimenez (Profesor Titular de Derecho del Trabajo).

 

Descargar folleto:

 

Saque Partido a la Reforma Laboral [PDF]

 

Despidos baratos con la venia del juez | Economía | EL PAÍS

 

Dos días después de que la reforma laboral entrara en vigor, Antonio Vega la sufrió en primera persona. A las ocho menos diez del martes 14 de febrero, su empresa le entregó una carta justificando su despido por registrar una caída de ingresos durante tres trimestres seguidos. Redur Transporte, que ha declinado dar su versión tras dos llamadas telefónicas, ya llevaba un tiempo intentado prescindir de Antonio, según explica. En diciembre, le habían ofrecido una indemnización de poco más de 20 días por año trabajado. Él no aceptó. Quería 45, los que le correspondían en caso de despido improcedente.

 

“Cuando vi a la ministra [Fátima Báñez] explicar la reforma en la tele, supe lo que iba a pasar”, lamenta. Redur pudo despedir con bastante certeza a Antonio, de 36 años, porque la reforma permite justificar el despido objetivo, con una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades, si encadena una caída de ingresos durante tres trimestres. Además, a partir de ahora, la empresa no tendrá que justificar que lo hace para ser viable o mantener empleo. Se trata de un cambio que busca limitar el margen de actuación de los tribunales, que antes solían fallar en favor del trabajador, aunque desde la reforma de 2010 están cambiando de criterio.

 

No es el único cambio profundo. También lo es la supresión del despido exprés, que permitía despedir evitando los tribunales si asumía que no estaba justificado. Por este camino, fácil y rápido, aunque muy caro, llegaron el 60% de los despidos en 2011.

 

“Antes había un 90% de posibilidades de que un juez no le diera la razón al empresario. Ahora eso está más claro. Pero al desaparecer el despido exprés hay más incertidumbre y se incentiva la negociación”, explica Alberto Nadal, de CEOE. “Con la definición del despido económico, la tutela judicial queda muy reducida”, discrepa José Luis Aramburu, de UGT.

 

Con el decreto, los trabajadores recurrirán más

 

a los tribunales

 

En la misma línea se expresa un magistrado con experiencia en temas laborales: “Nos han convertido en notarios. Ahora, si los ingresos de una empresa caen un euro, pese a que tenga ganancias y sea sólida, no se diferenciará de otra en pérdidas. Ya no podemos entrar en si la decisión es razonable o no”.

 

La supresión del despido exprés, que casi no dejaba margen para recurrir a los tribunales, hace pensar que la reforma laboral va a llevar más litigios a los tribunales. “Sí, porque va a haber más despidos”, explica otro juez de lo social. Abunda en esta tesis Martín Godino, del bufete laboralista Sagardoy Abogados: “Va a subir la judicialización, sobre todo porque se suprime la autorización administrativa de los despidos colectivos”. Precisamente, este cambio lleva a todas las fuentes consultadas para este reportaje a opinar que, a partir de ahora, el despido colectivo con 20 días de indemnización será la opción mayoritaria a la hora de rescindir contratos.

 

“El tiempo corre

 

ahora a favor del

 

empresario”, dice un

 

abogado laboralista

 

Discrepa de que este cambio y los otros supongan una mayor judicialización, el primer juez —ambos piden el anonimato— discrepa: “Sí que la habrá en la primera fase, pero luego cuando la gente vea que no hay mucho que hacer, no va a ser una opción”.

 

Antonio Vega recurrirá a los tribunales para pedir más indemnización. “Lo estoy preparando, tengo 20 días laborales”, explica. Quiere que se reconozca la improcedencia de su despido. Si lo logra, su indemnización se calculará a razón de 45 días por año trabajado hasta el día que se aprobó la reforma; para el resto del tiempo (dos días) se calculará a razón de 33 días por año.

 

Pero Antonio ya no podrá recibir los salarios de tramitación (el dinero que antes cobraba un trabajador cuando era despedido hasta que el juez fallaba en su favor). O, al menos, no estará en su mano. Solo los podrá recibir si la empresa pierde la demanda y acepta que Antonio vuelva a su antiguo puesto.

 

Este cambio es uno de los elementos que más atacan los detractores de la reforma para acusarla de desequilibrada. “Es uno de los mecanismos más perjudiciales para los trabajadores de la reforma”, analiza Aramburu, de UGT.

 

“Los salarios de tramitación desaparecen porque se acaba el despido exprés. Antes el tiempo jugaba en favor del trabajador, de ahí el despido exprés. Ahora, en cambio, juega en favor de los empresarios”, admite Godino, que forma parte de un bufete que suele defender a las empresas.

 

La desaparición de los salarios de tramitación es uno de los elementos que abaratarán las indemnizaciones por despido. Y además evitará que trabajadores y empresarios negocien y lleguen a un pacto antes de acabar en los tribunales. Así lo defiende el laboralista Luis Zumalacárregui, muy crítico con la reforma.

 

“Se puede pronosticar que las mediaciones van a bajar. Si es más fácil despedir por la clarificación de las causas del despido y no hay salario de tramitación, el empresario puede estar seguro de que va a ganar. ¿Para qué va a negociar?”, se interroga Julián Lobete, inspector de Trabajo y exdirector del Servicio de Mediación de Arbitraje.

Más fácil, más corto y más barato

La nueva reforma laboral amplía las causas para que los empresarios presenten un ERE

Despeja el camino para las Administraciones públicas

 

 

En la mayoría de las ocasiones todo comienza con un power point. Una cuidada presentación en la que la dirección de la empresa expone a los trabajadores un sombrío panorama económico. Les aseguran que la situación es insostenible. Y entonces pronuncian el acrónimo maldito: ERE (expediente de regulación de empleo). Uno de cada 10 trabajadores despedidos en 2011 fue por un ERE, según datos del Ministerio de Empleo. Un porcentaje que puede crecer con los últimos cambios normativos.

 

Félix Duque, de 55 años, trabaja desde hace 35 años en Gunnebo España, multinacional dedicada a la instalación de sistemas de seguridad. A finales de diciembre la dirección de la empresa le comunicó que preparaba un ERE para prescindir de 111 de los 270 trabajadores. Los gestores llevan semanas negociando con los trabajadores las condiciones del despido colectivo. Cuando se enteraron de que el Gobierno iba a aprobar una nueva reforma laboral frenaron el expediente, según el comité de empresa. “Han aplazado la presentación de la documentación. Retrasaron una reunión dos días antes de la reforma y ahora nos convocan con nuevas condiciones y con un nuevo escenario laboral”, explica Duque, uno de los primeros trabajadores afectados por los últimos cambios laborales, que considera que ahora tienen “menos medios para defenderse”. La empresa confirma que ha iniciado oficialmente el ERE después de la reforma. Pero asegura que mantiene intacta su intención de alcanzar un acuerdo con los trabajadores.

 

La reforma laboral allana el camino para que los empresarios puedan acogerse a este mecanismo para despidos colectivos. Elimina la autorización previa, acorta los plazos para ejecutarlo y amplía las situaciones para que los empresarios se acojan a esta modalidad de despido. Solo será necesario justificar nueve meses consecutivos de caídas de facturación o ingresos. Ya no es necesario pactarlo con los trabajadores. A estos solo les queda reclamar ante un juez. Además, la nueva norma favorece que las Administraciones públicas puedan acogerse al ERE.

 

El año pasado 342.831 personas se vieron afectadas por un ERE, seis veces más que antes de la crisis. La ley ofrece ahora más facilidades. Elimina uno de los principales escollos que tenían las empresas para presentar un ERE: se suprime de un plumazo la autorización previa que tenía que dar la administración laboral (el Ministerio de Trabajo o las Consejerías de Empleo). Hasta ahora los empresarios se esforzaban en lograr un acuerdo con los trabajadores porque la autoridad laboral no ponía pegas cuando había pacto. De hecho, más del 90% de los ERE presentados antes de la reforma se presentaban con un acuerdo. “La eliminación de la autorización previa va a ser un estímulo para conseguir un acuerdo y evitar la judicialización del proceso”, explica Federico Durán, experto en Derecho Laboral y socio de la firma de abogados Garrigues. Cuando los trabajadores no estén de acuerdo con las condiciones del ERE podrán recurrir al juez. La reforma establece un procedimiento “de urgencia” en los tribunales. “Pero todos sabemos del colapso judicial y el proceso se puede prolongar meses por los recursos”, precisa Durán.

 

Hay sociedades que han aplazado el ERE a la espera de la nueva norma

 

"Va a aumentar mucho la litigiosidad, lo cual en el corto y el medio plazo generará cierta inseguridad jurídica tanto para empresas como para trabajadores. Es posible que en el medio plazo la empresa se queje de cómo la Jurisdicción Social está interpretando la Ley", considera Jaime Cabeza, catedrático de derecho del Trabajo en la Universidad de Vigo.

 

 

 

Los inspectores de trabajo cuestionan la reforma. “El papel de la inspección queda mermado. No es igual decidir sobre las causas del ERE que sobre los temas de la comunicación”, señala José Antonio Amate, miembro de UPIT, una asociación de inspectores de trabajo. Este considera que “el problema de la reforma no es que se elimine la autorización previa. Sino que se amplían las causas para presentar un ERE”. La nueva legislación permite despidos colectivos cuando se produzcan nueve meses consecutivos de caídas de facturación. “No creo que haya ni una sola empresa en España que con la situación en la que estamos no cumpla con esos requisitos”, desliza Amate. Por eso, la mayoría de los expertos consultados consideran que habrá un aumento de los despidos con esta fórmula. Aunque el responsable de relaciones laborales de la CEOE, José de la Cavada, considera que “quitar la autorización para los ERE no es una barra libre para el despido”. Desde la patronal se admite que se facilita el ERE en empresas más pequeñas.

 

“Con la crisis, todas las empresas podrán presentar un despido colectivo”

 

La reforma laboral también despeja el camino para que las Administraciones públicas se acojan a esta fórmula: “Cuando justifiquen nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, señala la ley. La reforma disipa así el debate sobre la pertinencia de que la Administración pueda presentar un ERE. El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y el de Avilés fueron los primeros en presentarlo hace dos años. Entonces surgieron dudas sobre su legalidad. Ahora se abre la veda para los ERE que afectarán a los trabajadores laborales de entes públicos. “Se está hablando de reducir la estructura de la Administración, eliminar empresas públicas... Y eso lo facilita”, admite Mari Cruz Elvira, de CC OO, que critica la medida.

 

La reforma también agiliza los ERE temporales o de reducción de jornada. Esto permitirá que en sectores con alta estacionalidad usen el despido colectivo. “Son los efectos colaterales de la reforma”, abunda Joan Coscubiela, profesor de Derecho del Trabajo en Esade y diputado por ICV, quien asegura que la reforma provocará “un alza de los gastos de desempleo”.

 

Antes cuando un empresario presentaba un ERE algunos trabajadores se apuntaban de forma voluntaria porque creían que encontrarían mejores condiciones que en el futuro. Ahora ese efecto se limita. “Habrá moderación salarial. Pero no creo que todos vayan al mínimo de 20 días. Para conseguir un acuerdo habrá que mejorar las condiciones”, señala Durán. “Ya no habrá bajas voluntarias. Ahora se deja en manos del empresario. Es él quien puede elegir a qué trabajadores afectará el ERE”, zanja Coscubiela.

domingo 26 febreiro 2012

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